LA VOZ DE GALICIA (10 de junio de 2002)

ETA amplía sus amenazas por el impuesto revolucionario a familiares de empresarios

La extorsión llega también a las compañías más pequeñas y a profesionales liberales, a los que exige entre 30.000 y 60.000 euros

La banda terrorista ETA ha llegado a amenazar de muerte a familiares directos de empresarios vascos que se han negado a pagar el impuesto revolucionario, pese a las múltiples misivas que habían ido recibiendo de la organización terrorista. Según fuentes de los afectados, la extorsión a la que somete ETA a los empresarios y otros colectivos del País Vasco ha registrado esta nueva versión en el caso de algunos industriales que durante años se han negado a pagar el canon para no sufrir atentados. Además, también son víctimas las compañías más pequeñas y los profesionales liberales, a los que exige entre 30.000 y 60.000 euros.

La organización terrorista, para intimidar a estos empresarios que en muchos casos ni siquiera habían informado a sus familias de que recibían cartas de ETA, ha optado por enviar las misivas a parientes directos, amenazándoles directamente de muerte si no se producen los pagos solicitados.

ETA ha intentado varias técnicas para cobrar la extorsión a los empresarios y también ha ampliado el espectro de las empresas, incluyendo en sus demandas a las más pequeñas y profesionales liberales.

De hecho, ya hace más de un año recurrió a inscribir los nombres y direcciones completas de familiares de empresarios en los remites de las cartas que enviaba a los extorsionados, con el fin de presionarles más, dejando claro que conocían, por ejemplo, dónde se encontraba su hijo o su padre.

Ahora, los etarras dan una vuelta de tuerca más a sus técnicas y, además de enviar las cartas a los familiares, les amenazan de muerte intentando con ello amedrentarles para que, a su vez, presionen al empresario y conseguir que éste pague lo que le piden.

En el abanico de peticiones han incluido también, además de a los grandes empresarios, a otras empresas más pequeñas, y a profesionales liberales como médicos, ingenieros o abogados. A estos les ha llegado a exigir el pago de entre 30.000 y 60.000 euros (entre 5 y 10 millones de pesetas), en función del volumen de actividad que los etarras suponen que tienen los destinatarios.

El yate del Rey

Además, los etarras extendieron su campaña de extorsión, tras la tregua, a empresarios navarros y madrileños, e incluso a los de Baleares que financiaron el nuevo yate del Rey. Estas amenazas al empresariado fueron reiteradas en sendos comunicados de ETA en los que reivindicaron recientes atentados en Madrid.


EUROPA PRESS (MADRID)