DIARIO
ABC (12 de mayo de 2003)
ETA pacta una «tregua» con
el PNV a cambio de un referéndum
MADRID/BILBAO. JESÚS MOLINA
Según
documentos incautados por los servicios de la lucha antiterrorista a miembros de
la banda terrorista ETA, ésta anunciará en fecha sin precisar que estaría
dispuesta a otra «tregua» siempre y cuando se celebrase en el País Vasco un
referéndum de autodeterminación, convergiendo así con el plan soberanista de
Ibarretxe que también propugna una consulta popular. El PNV y la banda
terrorista han mantenido de nuevo conversaciones en los últimos meses -fuera y
dentro de España- en las que han intervenido no sólo representantes de la
ilegalizada Batasuna, sino también de la cúpula etarra. Entre los
representantes de los nacionalistas en estas conversaciones se cita a Juaristi
-sin determinar su nombre de pila- y a Gorka Aguirre y se alude también, en las
fuentes consultadas por ABC, a «sindicalistas» que podrían ser dirigentes de
las centrales nacionalistas ELA-STV y LAB, éste último en la órbita del ya
superado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).
Las
mismas fuentes relacionadas con la lucha antiterrorista, y a tenor de los datos
obtenidos tras las sucesivas detenciones de «comandos» y dirigentes etarras,
consideran que la política del Gobierno vasco y del PNV se explicaría en estos
contactos en los que tanto el Ejecutivo como el partido estarían dispuestos a
una especie de «pacto de supervivencia», muy distinto al sellado en Estella-Lizarra,
que precedió a la tregua de la banda en 1998. En ese contexto se explicaría
también que el PNV y EA -aunque el partido que fundara Carlos Garaikoetxea no
aparece mencionado ni hay referencias a dirigentes o representantes en esas
conversaciones- se resistan a disolver en el Parlamento vasco al grupo
Sozialista Abertzaleak, mera sustitución de Batasuna; se explicaría el
compromiso de «contear» los votos nulos que corresponderían a la izquierda
proetarra en los próximos comicios municipales y forales, la prohibición
formal de sus manifestaciones y su posterior celebración sin represión
policial, la reacción nacionalista después del cierre cautelar del periódico
Egunkaria y el mantenimiento de la financiación tanto a Udalbilzta como a otras
organizaciones del entramado de la banda terrorista.
También
en este contexto, y siempre según las fuentes a las que ha tenido acceso ABC,
tendría toda la lógica el comunicado de ETA difundido ayer por el diario Gara.
Lo importante del comunicado no es el, por otra parte, testimonial reproche a
PNV, EA e IU -a los que el comunicado sólo menciona de pasada- sino la afirmación
de que la consulta o referéndum es «motivo de alegría y no puede dejarse a un
lado sin más. Porque -continúa la banda terrorista- consultar al pueblo es
algo muy serio; tan serio como que es uno de los ejes principales de la lucha de
ETA». En un párrafo posterior, la banda terrorista afirma que esa consulta «estará
en la base de la resolución de todo conflicto» y dice también -en lo que los
expertos en la lucha antiterrorista consideran una «muestra de debilidad» de
ETA- que la denominada «construcción nacional» y la «superación del
conflicto» no son «algo que concierna a una sola persona, organización o
institución, sino que necesita de todas las fuerzas y voluntades». En
consecuencia, la banda hace suyos «aquellos llamamientos a acordar fuerzas y
proyectos de cara a seguir adelante». De tal manera que la organización, por
primera vez en la historia, «renuncia a considerarse la vanguardia del
movimiento nacionalista», situación a la que habría llegado por «su enorme
debilidad para realizar atentados, por la detención de sus dirigentes y
comandos en España y Francia y por el nuevo clima internacional que asfixia sus
movimientos y agitación». Estas fuentes no descartan «en absoluto» -como
ayer lo subrayase en la rueda de prensa el ministro de Interior, Ángel Acebes-
que «ETA ofrezca una demostración de fuerza antes de cumplir los compromisos
que ha suscrito con el PNV».
En
esta situación, Ibarretxe, y según los informes de estrategia que maneja y de
los que ABC informó el pasado 29 de abril, pretende adelantar las elecciones
autonómicas vascas al próximo otoño, en función también del resultado de
las del día 25 de mayo para, con una posible mayoría absoluta en el Parlamento
vasco, ejecutar su previsión de someter a consulta su plan soberanista. Tanto
el PNV como Ibarretxe precisan «justificar ese referéndum como condición sine
qua non para la pacificación, ofrecer a ETA una salida que no implique una
total derrota policial e intentar definitivamente la unificación del
nacionalismo bajo la hegemonía del partido que preside Arzalluz». Pero, según
las mismas fuentes, «el PNV tiene que controlar a ETA y aprovechar los réditos
de posible extinción».
Fuentes
gubernamentales consultadas por este periódico en la tarde ayer, confirman la
existencia de esas conversaciones entre el PNV y ETA y reconocen que la banda
podría anunciar la oferta de una nueva tregua con la condición de que se
celebrase la consulta popular del plan Ibarretexe. Pero sobre la viabilidad de
este «encaje de bolillos» son taxativas: «Los terroristas tuvieron su
oportunidad en 1998, hablaron con representantes del presidente del Gobierno,
sabían a qué atenerse y desaprovecharon una oportunidad». El Ejecutivo de
Aznar «ha hecho la apuesta correcta, que es la policial, la judicial, la
legislativa y la de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo».
Y en esa se mantendrá, sin que se plantee medidas excepcionales respecto al régimen
autonómico del País Vasco. El propio Aznar, en el mitin de campaña que
celebrará el próximo día 15 de mayo en el País Vasco, dejará clara, de
nuevo, la posición del Gobierno y contestará a las pretensiones de los
nacionalistas. «Estará frío como un témpano» añadieron las fuentes
consultadas por ABC, porque «ni va recabar la suspensión de la autonomía ni
va a proponer ninguna medida excepcional. Se va a mantener en la política
trazada que está dando resultados excepcionales».
Por otra parte, el Ministerio Fiscal estudia interponer acciones legales -de carácter individual- contra los cargos institucionales del Parlamento y del Gobierno vasco que podrían haber incurrido en delitos de desobediencia y en otros de carácter electoral, acciones que se podrían en marcha inmediatamente, antes y después del día 25 de mayo.