23/10/02
Una juez de Bilbao concede el
tercer grado a un etarra condenado a tres siglos de cárcel
Félix Ramón Gil Ostoaga es un etarra
condenado a tres siglos de cárcel por dos asesinatos consumados y
cuatro frustrados. Ruth Alonso, juez de Vigilancia Penitenciaria de
Bilbao, ha decidido concederle el tercer grado pese a informes
contrarios porque el etarra se quejó. El Gobierno quiere ahora que la
Audiencia Nacional vigile el cumplimiento de penas para terroristas.
L D (EFE) El Gobierno va a promover una reforma legislativa para crear un
juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, cuya misión
sería unificar los criterios para el control del cumplimiento de las
penas impuestas a terroristas, narcotraficantes y delincuentes del
crimen organizado. Desde Libertad Digital se ha denunciado en
muchas ocasiones el caso “Narco Volador” en el que una medida a
favor del reo se tradujo en una fuga. Y aún no existía condena. En el
caso citado, fue una ridícula fianza de cinco millones de pesetas la
que se enfrentaba a una petición del fiscal de una multa de 70.000
millones y una pena de 60 años de cárcel. Cabe recordar que la fuga de
El Negro fue facilitada, entre otros, por el juez Carlos Cezón,
antiguo juez, precisamente, de Vigilancia Penitenciaria. En el caso del
etarra Gil Ostoaga la medida –tercer grado– alivia una condena de
tres siglos de cárcel por delitos de sangre en actos terroristas. Tras
ella, un asesino solo tendrá que ir a dormir a la cárcel.
La iniciativa de reforma fue anunciada este miércoles por los ministros
de Justicia, José María Michavila, e Interior, Ángel Acebes, tras
confirmar que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha
concedido el tercer grado al etarra Félix Ramón Gil Ostoaga a pesar
del criterio en contra de la Fiscalía y la Administración
Penitenciaria.
Acebes explicó que la reforma que prepara el Ejecutivo pretende
constituir un único juzgado central de Vigilancia Penitenciaria en la
Audiencia Nacional "para que haya un criterio único a la hora de
aplicar el tercer grado" y evitar casos como el de este etarra. A
su juicio, la implantación de un juzgado único de Vigilancia
Penitenciaria para delitos de terrorismo "será una buena solución
para aplicar un criterio homogéneo" al respecto, una opinión
compartida por el ministro de Justicia, José María Michavila.
Acorde con la "especialización" de la Audiencia Nacional
La existencia de este nuevo juzgado no implicaría la desaparición
de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria que existen en todas las
provincias, que mantendrían sus competencias para los presos implicados
en delitos de los que no conoce la Audiencia Nacional. En los pasillos
del Senado, Michavila aseguró que el Gobierno cree que esta medida es
"muy razonable" y acorde con la especialización de la
Audiencia en la instrucción y enjuiciamiento de delitos de terrorismo,
narcotráfico y crimen organizado, por lo cual el juez de vigilancia se
ocuparía de presos terroristas, narcotraficantes y delincuentes
condenados por este tribunal.
Burlar la pena
La clave se centra en una reiterada demanda de la Audiencia Nacional:
vigilar la ejecución de penas privativas de libertad sobre todo en los
casos de mayor alarma social como el terrorismo y el narcotráfico. En
el caso contrario se producen episodios que pueden suponer una burla a
la labor de un juez, el que impuso la pena tras una condena, por otro
juez que no es conocedor del caso o del recluso. Además, en el caso del
etarra Gil Ostoaga, la decisión de conceder un tercer grado no cuenta
con avales ya que los informes de la Fiscalía son contrarios.
El Gobierno espera tener lista en las próximas semanas la propuesta de
reforma, que afectará a las leyes de Enjuiciamiento Criminal y
Vigilancia Penitenciaria, a fin de que pueda ser tramitada y aprobada
antes de que acabe el año. Ángel Acebes explicó que la modificación
legal será negociada con la oposición, en el marco del Pacto de Estado
para la Reforma de la Justicia, y aunque puede ser presentada a través
de un proyecto de Ley del Gobierno, admitió la posibilidad de que se
tramite mediante una iniciativa parlamentaria, a partir de una proposición
de ley planteada en el Congreso por los grupos parlamentarios.
Recurso ante la Audiencia Provincial
Respecto al caso del etarra Gil Ostoaga, el ministro explicó que la
concesión del tercer grado, a la que la Administración Penitenciaria
se opuso con un "rotundo" informe, ha sido recurrida ante la
Audiencia Provincial de Bilbao. En este sentido, confió en que esta
instancia revoque la decisión, "como ya ha ocurrido en otras
ocasiones" con ocasión de decisiones similares adoptadas respecto
a miembros de ETA.
El Poder Judicial abre informaciones
El Consejo General del Poder Judicial decidió abrir una "información
previa" sobre la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria
de Bilbao, Ruth Alonso. Según fuentes del órgano de gobierno de los
jueces, el Consejo ha encargado al Servicio de Inspección que recabe
todos los datos en relación con la concesión de la libertad
condicional por parte de la juez a petición del interno, ya que
Instituciones Penitenciarias mantuvo el pasado mes de abril el segundo
grado (el ordinario).
Un asesino que sólo
dormirá en la cárcel aunque manifiesta su apoyo a ETA
La
Fiscalía y la Administración Penitenciaria estaban en contra. El
etarra Félix Ramón Gil Ostoaga está condenado a 300 años de cárcel
por dos asesinatos consumados y otros cuatro frustrados pero el juzgado
de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, la juez Ruth Alonso, le ha
concedido el tercer grado. De la condena sólo ha cumplido 13 años, un
cuatro por ciento.
L D (EFE) Félix Ramón Gil Ostoaga, extraditado a España por Francia en
enero de 1994, fue condenado al año siguiente por la Audiencia Nacional
a 127 años de cárcel como autor de dos delitos de asesinato y cuatro
asesinatos frustrados al atentar contra una patrulla policial. Según
fuentes de Instituciones Penitenciarias, Gil Ostoaga sólo ha cumplido
en Francia y España 13 de los 298 años, a los que fue condenado por
varias acciones, y salió de la cárcel de Nanclares de Oca la pasada
semana.
El ministro del Interior explicó que este etarra ha obtenido el tercer
grado a pesar de que el criterio generalizado de los jueces de
Vigilancia Penitenciaria es no conceder esta medida para los condenados
por delitos de terrorismo, aunque hayan cumplido las tres cuartas partes
de la condena. El ministro Acebes explicó que la concesión del tercer
grado, a la que la Administración Penitenciaria se opuso con un
"rotundo" informe, ha sido recurrida ante la Audiencia
Provincial de Bilbao.
Seguía defendiendo a ETA
La Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares de Oca mantuvo en
abril el segundo grado (el ordinario) al etarra Félix Ramón Gil
Ostoaga por, entre otros motivos, no haber cambiado su posición a favor
de ETA.
Ante ello, el interno, que ya había cumplido las tres cuartas partes de
la condena al hacerse el cómputo sólo sobre 30 años, remitió una
queja a la jueza de Vigilancia Penitenciaria del País Vasco, Ruth
Alonso, a quien solicitó el tercer grado y la libertad condicional.
La jueza estimó la queja y el fiscal, dentro del plazo correspondiente
de tres días, recurrió la decisión de la magistrada, pero ésta
desestimó el recurso del Ministerio Público.
El pasado día 8 de este mes, la juez concedió el régimen abierto al
preso y la libertad condicional y envió a Prisiones los documentos en
los que tomaba esta decisión y desestimaba el recurso del fiscal,
aunque no explicaba los motivos. Instituciones Penitenciarias consideró
que Gil Ostoaga debía permanecer en segundo grado porque no había
evolucionado en su posicionamiento ante el delito, es decir, que seguía
manteniendo las tesis de ETA. Además, tenía en cuenta el historial del
etarra -acusado de varios asesinatos y tentativas-, su participación en
huelgas de hambre de presos de la banda terrorista y su no
arrepentimiento.
Un cómputo favorable para el recluso
Gil Ostoaga fue condenado a 298 años de cárcel por el Código Penal
antiguo, por lo que sólo debía cumplir un máximo de treinta años. El
etarra cumplió en Francia cuatro años de cárcel y en 1994 fue
extraditado a España, donde ha permanecido en diferentes prisiones
hasta octubre de este año, entre ellas la de Córdoba y la de Nanclares
de Oca, donde ingresó en febrero de 1999.
Estos trece años que ha pasado en la cárcel, sumados a los beneficios
de la redención de pena durante todo ese tiempo que concedía el
antiguo Código Penal, equivalen a las tres cuartas partes de la condena
(30 años), por lo que podía acceder al tercer grado
penitenciario.
Ruth Alonso,
responsable de la escasa vigilancia penitenciaria en el País Vasco
La
presión de ETA y de asociaciones de ayudas a presos etarras es
determinante en el funcionamiento de los Juzgados vascos. La vigilancia
penitenciaria, ejercida en el País Vasco por Ruth Alonso, ha puesto en
la calle a muchos terroristas con delitos de sangre y penas de cárcel
centenarias. La oposición de los fiscales sirve de poco. En 1999, una
fiscal tuvo que irse de allí. Recurría demasiado las órdenes de
Alonso y recibió amenazas.
(Libertad Digital) Ruth Alonso Cardona es la Juez de Vigilancia
Penitenciaria de Bilbao. Es decir, tiene competencia para controlar la
ejecución de penas privativas de libertad, muchas de ellas relativas a
los delitos de terrorismo de ETA. En el año 1994 figuró en unas listas
de posibles objetivos etarras. Era la época en la que también estaba
amenazado el entonces Consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa.
Pero en el ejercicio de sus funciones, la juez Ruth Alonso ha concedido
el tercer grado a muchos etarras, siempre con la negativa de fiscales y
las críticas del Gobierno de turno. Tomás de la Quadra,
ministro de Justicia en el Ejecutivo de González, criticó en 1992 a
Ruth Alonso y puso sobre la mesa la necesidad de que los jueces de
vigilancia pudieran conceder un régimen abierto a terroristas. Ya
entonces, hace diez años, propuso la necesidad de reformas legales para
evitarlo. Pero no se hizo. De hecho desde la oposición del PP se criticó
que se hubiera indultado a “50 etarras en diez años y facilitado
beneficios a otros cien”. Lo decía José Manuel Barquero, diputado
del PP.
Que un etarra con varios asesinatos a sus espaldas y con penas
centenarias pueda pasear por la calle hasta que llega la hora de dormir
es una decisión que origina –más en el País Vasco– una alarma
social indiscutible. Por las posibles represalias y por el evidente
riesgo de fuga (más alto cuanto más grave es la condena). Son muchos
los terroristas que se han beneficiado de la rebaja restrictiva gracias
a la juez Ruth Alonso Cardona.
A la calle hasta la hora de dormir. Algunos ejemplos
El 25 de septiembre de 1998 permitió al entonces condenado Jon Idígoras
que visitara a Joseba Martín, encarcelado. Se presentó recurso y la
propia juez lo desestimó. Pero, más cerca de ETA, también ha habido
muchas medidas.
En octubre de 1992, decidió conceder el tercer grado a los etarras
Isidro Etxabe y Juan Antonio Urrutia, condenados por varios delitos de
asesinato. En 1994, la medida benefició a José Ramón Bidaburu, con
172 años de prisión. Ya entonces, el diario “El Correo” achacaba
tanto tercer grado (ocho órdenes desde abril hasta julio de 1994) a
“la reactivación que en los últimos meses ha sufrido el proceso de
reinserción de etarras”. En 1995, le tocaba a José Miguel Latasa
Guetaria, que sólo había cumplido seis de los quinientos años a los
que estaba condenado por matar a seis personas, entre ellas Dolores González
Catarain, “Yoyes”, dirigente de ETA que empezaba a estorbar a la
banda.
Hay muchos más ejemplos que pueden sumarse al de Félix Ramón Gil
Ostoaga, con trescientos años de condena. Todos ellos han sido
recurridos. Pero el recurso ha de resolverlo la Audiencia Provincial más
cercana a la prisión donde cumple la pena el recluso y, en el caso del
País Vasco, la presión funciona perfectamente. Esto es lo que ahora se
quiere evitar, centralizando en la Audiencia Nacional la Vigilancia
Penitenciaria.
Una fiscal abandona, harta de recurrir y de recibir amenazas
Tanto es así, que los fiscales adscritos a los
juzgados de Vigilancia Penitenciaria está hartos de recurrir y de
elaborar informes contrarios a la reinserción de terroristas. Una
fiscal, Mercedes Bujanda, decidió en febrero de 1999 abandonar
el País vasco. Gestoras Pro Amnistía se dedicó a amenazarla por
obstaculizar la labor de Ruth Alonso de conceder el tercer grado o la
libertad condicional a presos de ETA. En poco más de un mes, Bujanda
había recurrido más de cinco libertades condicionales en condenas por
terrorismo y destrozos de los cachorros etarras. No tenía escolta.
Balza llegó a criticarla. Le puso protección pero advirtió que “el
riesgo que se estimaba no era muy objetivo”. La Fiscalía General del
Estado emitió un comunicado en febrero de 1999 en el que se aseguraba
que la fiscal había solicitado protección “en reiteradas ocasiones
sin obtener la respuesta deseada”.
|
23/10/02
FÉLIX
RAMÓN GIL OSTOAGA
El
Poder Judicial investigará la excarcelación de un etarra condenado a
300 años de prisión
EFE
MADRID.-
El Consejo General del Poder Judicial
decidió hoy abrir una "información previa" sobre la decisión
de la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, de otorgar el tercer grado penitenciario al etarra Félix
Ramón Gil Ostoaga.
Según
fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo ha encargado
al Servicio de Inspección que recabe todos los datos en relación con
la concesión de la libertad condicional por parte de la juez a petición
del interno, ya que Instituciones Penitenciarias mantuvo el pasado mes
de abril el segundo grado (el ordinario).
La
actuación del Consejo se produce a iniciativa de la presidencia del
CGPJ tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación
sobre esta decisión de la juez de vigilancia penitenciaria vasca.
Alegó que ya ha cumplido tres cuartas partes de la condena
La
Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares de Oca mantuvo en abril
el segundo grado (el ordinario) al etarra por, entre otros motivos, no
haber cambiado su posición a favor de ETA, aunque la juez le concedió
este mes la libertad condicional tras estimar la queja del interno, que
alegó que ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena.
La
juez estimó la queja y el fiscal, dentro del plazo correspondiente de
tres días, recurrió la decisión de la magistrada, pero ésta desestimó
el recurso del Ministerio Público.
Una juez con 'antecedentes'
Ruth
Alonso ya ha otorgado otros beneficios penitenciarios similares a
miembros de ETA, algunos de ellos críticos con las tesis de la banda
terrorista, como el expulsado de la organización José Miguel Latasa
Getaria, a quien le concedió el tercer grado en marzo de 1996.
Además, en septiembre de 1994 la jueza otorgó el
tercer grado al ex agente de la Ertzaintza y condenado por colaborar con
ETA, aunque luego fue expulsado de la banda, José Miguel Sueskun Sanz,
y en julio de ese mismo año al etarra José Ramón Bidaburu, condenado
a más de 172 años de cárcel y también expulsado por la banda.
FÉLIX
RAMÓN GIL OSTOAGA
Condenado
por el asesinato del alcalde de Olaberria y cuatro guardia civiles
EUROPA
PRESS
MADRID.-
El etarra Félix Ramón Gil Ostoaga,
alias 'Saldi', que la jueza de vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth
Alonso, concedió el tercer grado el pasado día 8, fue detenido en la localidad francesa de Ciboure el 24 de
octubre de 1989.
El
terrorista cumplió cuatro años de prisión en Francia hasta que fue
extraditado a España el 20 de enero de 1994 donde tenía abiertas seis
causas en la Audiencia Nacional, la primera por el asesinato en 1979 del
alcalde de Olaberría, José Antonio Vivot Undabarrena.
Gil
Ostoaga fue condenado a 38 años de cárcel en diciembre de 1994 por su
participación como integrante del "comando Urola" de ETA en
el asesinato del alcalde de Olaberria, José Antonio Vivot Undabarrena,
ocurrido el 6 de febrero de 1979.
Asesinato de un alcalde
Según
la sentencia, a las 9.30 horas de ese día, Gil Ostoaga y Mercedes Galdós
Arsuaga, cubriendo las cabezas con capuchas, llamaron a la puerta del
domicilio del alcalde. Los dos terroristas irrumperon en el domicilio y,
tras arrancar el cable telefónico y amenazar con pistolas al resto de
la familia, se llevaron a José Vivot.
Cuando
llegaron al portal, ambos terroristas dispararon el unísono sobre el
alcalde, que falleció de forma casi instantánea.
Otra
causa por la que Gil Ostolaga fue juzgado y condenado es la relativa al
atentado en diciembre de 1979 contra una patrulla de la Guardia Civil
cometido en la carretera que enlaza Azpeitia con Azcoitia mediante la
colocación de dos artefactos explosivos. A consecuencia de la
deflagración de la carga accionada por el terorista conun pulsador
falleció el guardia Francisco Gómerz Jiménez y sufrió lesiones su
compañero Juan Muñiz Sánchez.
Atentado contra un convoy de la Guardia Civil
Además,
los etarras colocaron una bomba trampa enterrada en el lugar del
atentado contra el convoy de la Benemérita que se activó por la presión
cuando efectivos de desactivación de explosivos del Instituto Armado
inspeccionaban la zona, y causó la muerte a los guardias Miguel García
Payo y Francisco Mota Calvo.
Asimismo,
en noviembre de 1978, junto con otros miembros del comando, el etarra
Gil Ostoaga participó en la colocación de un artefacto explosivo en
una carretara próxima a la localidad de Zumárraga que fue accionado al
paso de dos vehículos de la Guardia Civil, el segundo de los cuales fue
alcanzado de lleno causando la muerte del cabo José Rodríguez de Lama
y el guardia Lucio Revilla Alonso, además de lesiones graves al agente
Francisco Córdoba Ramos.
|