DIARIO EL MUNDO (16 de enero de 2004)

 

El inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya blindó a 117 personas ligadas al nacionalismo vasco

Los beneficiados nunca sufrieron una extorsión de ETA, por lo que la investigación descarta que recibiesen un trato especial

M. P. / C. S.

MADRID.- El inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, blindó fiscalmente a empresas y personas ligadas al nacionalismo vasco, informa en su edición de hoy el periódico EL MUNDO. En la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio de Hacienda sospechan que puede existir un caso de financiación irregular del Partido Nacionalista Vasco (PNV) según fuentes consultadas próximas a ambos organismos.

El diario EL MUNDO informa de que el juzgado de Instrucción Número 4 de Bilbao ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Ibarra, acusado de la supuesta comisión de sendos delitos de prevaricación y falsedad, relacionados con la protección fiscal de 117 empresas y personas físicas.

Al parecer, Juan Ramón Ibarra Oyarzabal, un veterano funcionario de la Hacienda vizcaína y subdirector del Departamento de Inspección, manipuló supuestamente el sistema informático para evitar el acceso del cuerpo de inspectores a un listado de contribuyentes protegidos o que se iniciasen inspecciones paralelas. «Con ello, impedía que otros pudieran incluir a estos contribuyentes en planes de inspecciones o simplemente ver sus datos », explican las citadas fuentes.

El escrito de querella -elaborado por la fiscal anticorrupción María Teresa Gálvez- atribuye a Ibarra haber realizado esta práctica durante años. Durante la investigación, la Fiscalía Anticorrupción recibió denuncias anónimas que vinculaban esa protección fiscal con la financiación del PNV y de personas afines a este partido. Sin embargo, este extremo no se ha mencionado en la querella por el momento, al estar pendiente de comprobación.

Lo que sí ha quedado descartado en la investigación es que se pueda alegar que hubo trato especial a los beneficiados por haber sufrido una extorsión de ETA, ya que en los ficheros del Ministerio del Interior no consta que los contribuyentes afectados figuren en la relación de los que han pagado rescates o impuestos revolucionarios a la banda terrorista.