LA INCREÍBLE HISTORIA DEL DETECTOR DE BOMBAS LAPA

En el mercado costaría unas 3.000 pesetas. Su eficacia fue refrendada por los técnicos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil en tres pruebas, realizadas ante mandos del Cuerpo, de la policía y del Cesid, que comunicaron a Interior el éxito de los ensayos. Su finalidad: salvar vidas. Es un aparato que detecta bombas lapa o explosivos en los coches. Fue inventado en 1997 por un técnico aragonés, pero Interior no lo adquirió porque no estaba comercializado.

Texto:Manuel Marlasca
Fotos: Fabián Simón

Corría el año 1996. ETA había asesinado a Francisco Tomás y Valiente y a Fernando Múgica. El 4 de marzo, Ramón Doral, suboficial de la Policía Autónoma Vasca, vuela por los aires en Irún. Una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo destrozó el cuerpo del agente, que había sido responsable de la lucha antiterrorista en Guipúzcoa. Tras el atentado, en Aragón, T. C. A. –cuyo nombre no se desvela por motivos de seguridad–, un ex técnico de Telefónica acostumbrado a desarrollar todo tipo de sistemas, decide tratar de inventar algo que pueda salvar vidas humanas: “Comencé a buscar en Internet, porque me chocaba que no hubiese ningún sistema que detectase bombas lapa. Comprobé que existían algunos, pero que su coste llegaba hasta los dos millones de pesetas”. Y el inventor se puso manos a la obra.

Con un vetusto ordenador provisto de un procesador 386, sin ningún tipo de explosivo con el que hacer pruebas, comenzó a desarrollar un sistema. Tras un año de trabajo, armado con circuitos integrados, placas base, transistores y resistencias, creyó haber dado con la fórmula. “Me puse muy contento, en esa época ETA estaba asesinando a muchos concejales y funcionarios de prisiones”.

En febrero de 1997, T. C. A. decidió establecer un primer contacto con el Ministerio del Interior. Tras unas cuantas llamadas, logró acceder hasta el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá. “Me llamó y me dijo que acudiese a un cuartel de la Guardia Civil para realizar una primera prueba, en la que estarían presentes algunos agentes de los Tedax”. Y así, en el mes de marzo de 1997, en un cuartel de Zaragoza, se probó por primera vez el detector de bombas lapa, que fue instalado en el vehículo del inventor.

Un detector eficaz
Un capitán de la Unidad de Información de la Guardia Civil realizó un informe, elevado al Ministerio del Interior, en el que se afirmaba que el prototipo había funcionado perfectamente en ese primer ensayo. Los técnicos del Ministerio del Interior debieron quedar impresionados por la eficacia del detector, porque poco después emplazaron a su inventor nuevamente en un cuartel para realizar una segunda prueba, que se llevó a cabo el 17 de abril de 1997, en presencia de un oficial de los Tedax procedente de la base central de los especialistas de la Guardia Civil en desactivación de explosivos, ubicada en Valdemoro (Madrid). En esta segunda prueba, los agentes tomaron fotografías de los lugares en los que colocaron los artefactos.

El ensayo también resultó altamente satisfactorio y durante su realización los agentes de la Guardia Civil hicieron todo tipo de ensayos para comprobar que el detector no avisaba de falsas alarmas. Para ello, golpearon el coche, lo levantaron con un gato, lo mojaron, dejaron objetos bajo el vehículo... Pero el detector no dio una sola falsa alarma. El 30 de abril de 1997, el inventor viajó hasta Madrid para entrevistarse con Francisco Manuel Salazar-Simpson, director general de Infraestructuras y Material de Seguridad del Ministerio del Interior, y con Pilar Cintora, subdirectora general de Planificación y Medios Materiales de la Dirección General de Administración de la Seguridad. El viaje corrió a cargo de Interior, cuyos mandos se mostraron muy interesados por conocer más detalles del detector. “Pensé en sacar bastante dinero, porque sabía que los clientes potenciales eran muchos”, señala el inventor, al que le manifestaron que había que hacer una tercera y definitiva prueba del sistema antes de adquirirlo. “Yo les dije que hasta aquí podía llegar yo, que no podía fabricar prototipos operativos porque no tenía un duro. Me dijeron que no me preocupase, pero que, de cara a la galería, había que hacer otro ensayo con la presencia de mandos del Ejército, la Guardia Civil, la policía y el Cesid”.

Así, el coronel Isaías Alonso Vega, responsable de los Tedax de la Guardia Civil, remitió una carta al inventor en la que le citaba para el 20 de mayo en la sede del servicio, en Valdemoro (Madrid). En la misiva se señala textualmente que “como quiera que las pruebas que de su sistema detector de lapas-bomba presenció personal de este Servicio en Zaragoza resultaron en principio satisfactorias (...) nos será muy grato recibirle en estas instalaciones, al objeto de presenciar una nueva demostración definitiva”. En ese momento, los responsables del Partido Popular de la ciudad en la que residía el inventor se pusieron en contacto con él, interesándose por el aparato. Un concejal y el delegado de Seguridad Exterior del partido llegaron a pedir precio por el invento. “Les dije que para hacer 300 prototipos operativos necesitaba unos seis millones de pesetas, porque cada unidad saldría, en esta fase del proceso, previa a la fabricación en cadena, a unas 20.000 pesetas”. El interés del PP llegó hasta el extremo de que al inventor se le dieron dos millones de pesetas en concepto de adelanto, dinero con el que se costeó un equipo informático nuevo y liquidó viejas deudas de alquiler de su casa, recibos de luz, etcétera.

Pruebas satisfactorias
La tercera y última prueba se hizo el 20 de mayo de 1997 en las instalaciones de los Tedax en Valdemoro (Madrid). A ella acudieron mandos de la Guardia Civil, la policía, el Ejército y el Cesid. Para asegurarse de que el detector no tenía truco, los especialistas en desactivación de explosivos pusieron en marcha un inhibidor de frecuencias, por si el inventor manipulaba de alguna manera el sistema. Por tercera vez, el dispositivo funcionó, hasta el punto de que el coronel jefe de los Tedax, Isaías Alonso Vega, elevó un informe al Ministerio del Interior en el que detallaba las excelencias del detector. A partir de ese momento, todos los contactos del inventor con Interior fueron por teléfono con Pilar Cintora, que manifestó a interviú: “Yo derivaba siempre este tema a la Secretaría de Estado para la Seguridad, no sé nada más del tema que una conversación telefónica que mantuve con ese señor”.

El creador recibió una carta en la que se le autorizaba a entrar en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en Instituciones Penitenciarias, para instalar el sistema en los coches de los funcionarios “que voluntariamente lo adquiriesen”. En esa misiva, firmada por Pablo Martín Alonso, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior, se detallaba que “corresponde al solicitante la promoción, fabricación y comercialización del sistema en la forma que considere oportuno”. Es decir, el ministerio dejaba todo en manos del inventor, pero “no tenía dinero para fabricar, ni para comercializar. Por eso les dije que se lo regalaba, que viniesen técnicos de los Tedax y yo les explicaba cómo funcionaba. Y así, hasta hoy, sin recibir una respuesta”. El inventor envió a Presidencia del Gobierno varias misivas contando lo ocurrido y colgó una página en Internet, pero no hubo más respuestas. Tan sólo la visita de alguna empresa de seguridad interesándose: “Yo puse como condición que no se podía vender al público por más de 35.000 pesetas, y no llegamos a un acuerdo”. Interior no volvió a llamar, pero sí que contactó con él la revista proetarra Ardi Beltza. “Me asusté mucho, tengo familia y maldije el día en el que inventé el aparato, que sólo me ha traído problemas”.

El 27 de octubre de 2000, el inventor se puso en contacto con Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior, para contarle su increíble peripecia y la del aparato de su invención. Belloch le atendió y envió un dossier al subdirector general de Operaciones de la Guardia Civil, acompañado de una carta en la que le dice: “Supongo que habrá motivos razonables que expliquen el que no se haya hecho tal iniciativa, pero comprenderás que yo me quede mucho más tranquilo transmitiéndote el dossier y conociendo tu opinión sobre el tema. Tal como están los tiempos, no hacerlo podría ser poco responsable”. Interviú trató de recabar en el Ministerio del Interior los “motivos razonables” a los que aludía Belloch en su misiva. Según un portavoz del citado departamento, “el ministerio es un organismo público que se ve obligado a cumplir la Ley de Contratos del Estado y que, por lo tanto, no puede patentar ni comercializar ni fabricar nada, sólo comprar, y a entidades que deben cumplir una serie de requisitos, nunca a un particular”. El citado portavoz señala: “Ofertas como ésta llegan todos los días al ministerio y a todas se les da el mismo curso. En este caso, además, hubo la mejor voluntad por parte del ministerio, que realizó tres pruebas, en las que el inventor no nos dijo las especificaciones ni nos dejó ver en detalle el detector”.

El prototipo del detector de bombas lapa reposa ahora en un armario del inventor. Es capaz de avisar de la presencia de explosivos tan dispares como la dinamita y el C4. Detecta el artefacto independientemente de cuál sea el tipo de fijación y el lugar donde se coloque; su instalación lleva menos de una hora y su coste para el público sería de unas 3.000 pesetas. “Ahora ya no lo regalaría; que vengan si les interesa y pondré precio”, señala amargamente su inventor. Cuatro años después del invento de T. C. A., la empresa española Speaker Cars, de Leganés (Madrid), confirma a través de un portavoz que están en tratos con Interior, sin dar más detalles. El aparato de Speaker Cars es también del tamaño de una cajetilla de tabaco, su precio rondaría las 130.000 pesetas y se compone de una alarma con tres sensores, una centralita electrónica y un mando a distancia.