DIARIO
EL MUNDO (25 de febrero de 1999)
La Ertzaintza se niega a facilitar a la Audiencia las diligencias en un caso de terrorismo
No
le informó de la colocación de un explosivo en San Sebastián - El fiscal le
había requerido todos los datos sobre el hecho - La Ertzaintza le contestó que
las competencias son del juez natural
FERNANDO
LAZARO
MADRID.- La Policía Autonómica
Vasca se ha negado a informar a la Audiencia Nacional de un hecho de los
calificados como terrorismo de baja intensidad o kale borroka, pese a ser este
estamento judicial competente para investigarlo. La Ertzaintza entiende que la
Audiencia Nacional no tiene competencias y que debe de ser un juzgado del País
Vasco el que se encargue de la investigación.
Los hechos denunciados se
produjeron el pasado domingo por la noche, cuando los radicales colocaron un
artefacto explosivo en los bajos de un vehículo aparcado en las cercanías de
la sede de Correos en San Sebastián. La Ertzaintza logró desactivar el
explosivo, que era de fabricación casera. Sin embargo, los mandos de este
cuerpo policial no informaron de este incidente a la Audiencia Nacional, según
ha podido saber este periódico. Unicamente, denunciaron estos hechos ante el
juzgado de guardia de San Sebastián.
Las Fuerzas de Seguridad
del Estado tuvieron conocimiento del intento de actuación violenta de los
radicales abortado por la Ertzaintza e informaron de éste ante el juzgado de
guardia de la Audiencia Nacional, según precisaron fuentes del Ministerio del
Interior.
El fiscal del juzgado de
instrucción número 1, Jesús Alonso, envió, el pasado lunes, un escrito a los
mandos de la Policía Autonómica en el que, entre otros puntos, recordaba la
obligación de este cuerpo policial de denunciar ante la Audiencia Nacional
todos los hechos relacionados con terrorismo. Además, exigía el inmediato envío
de todas las diligencias practicadas por este cuerpo de seguridad del País
Vasco sobre la actuación de los radicales el pasado domingo, según informaron
a este periódico fuentes de la propia Audiencia Nacional. En ese texto, el
fiscal Alonso incidía en la obligación de comunicar estos hechos en un plazo
no superior a las 24 horas.
Según las fuentes
consultadas, lo habitual en estos casos es que la Ertzaintza denuncie este tipo
de actuaciones tanto en el juzgado de guardia de la localidad donde ocurra, como
en la Audiencia Nacional, única competente por ley para instruir causas
relacionadas con el terrorismo.
En este estamento judicial
se confiaba en que el conflicto no pasara a mayores. De hecho, se tenía claro,
al menos inicialmente, que era consecuencia de un error o de un malentendido.
Sin embargo, al día siguiente, la Ertzaintza respondió al escrito del fiscal
del juzgado de instrucción número 1. La Policía Autonómica contestó a la
Audiencia Nacional que había denunciado los hechos en el juzgado de San Sebastián,
porque entendía que era el competente para llevar a cabo esta investigación.
Según las fuentes antes citadas, los responsables policiales aclaraban que el
juzgado natural era el de San Sebastián. El juzgado natural es el
predeterminado por la ley para investigar cada hecho delictivo. En el caso del
terrorismo, la competencia predeterminada por ley corresponde a la Audiencia
Nacional.
En su escrito, la Policía
Autonómica Vasca aclaraba también que no tenía previsto enviarle las
diligencias practicadas sobre la desactivación del explosivo colocado en los
bajos de un vehículo en San Sebastián. Entendía que debía ser el juzgado al
que le había correspondido en reparto el que realizara la investigación. Este
escrito de la Ertzaintza provocó una fuerte reacción por parte del fiscal Jesús
Alonso, quien ese mismo día le remitió un nuevo escrito en un tono mucho más
duro que el primero. El fiscal advirtió a la Ertzaintza de que las competencias
en materia de terrorismo son única y exclusivamente de la Audiencia Nacional.
Asimismo, le indicaba a este cuerpo policial que su obligación no era realizar informes jurídicos sobre a quién corresponden o no las competencias de una investigación. Se da la circunstancia de que este incidente, que algunas fuentes de la Audiencia han calificado de «muy grave», es el primero que se produce entre un fiscal y los mandos de la Ertzaintza.