DIARIO LA RAZÓN (25 de noviembre de 2003)

Europa, contra el Plan Ibarreche

Cinco grandes países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y España) han rechazado formalmente, en un documento conjunto, «aquellos proyectos excluyentes que, en lugar de aunar voluntades, tratan de disgregar la configuración actual de los estados o proponen proyectos de desintegración, singularmente los que se planteen quebrando las más elementales reglas del Estado de Derecho». Una definición que, en el caso de España, retrata el Plan Ibarreche y supone un portazo al intento soberanista y acaba con las esperanzas de obtener la «comprensión» que el PNV y sus socios pretenden de obtener más allá de nuestras fronteras.
   La decisión de los «grandes» de la UE, reunidos estos días en Toledo por el titular español de Justicia, José María Michavila, es una consecuencia lógica de la búsqueda efectiva de un espacio judicial y policial europeo, lo que supone derribar fronteras, en este caso jurídicas, para dar un paso trascendental en favor de la construcción de la nueva Europa unida. Por eso, cuando estados con tradiciones jurídicas tan diferenciadas como el Reino Unido, Alemania o España, trabajan seriamente para que la «euroorden» entre en vigor el primero de enero de 2004, es cuando más quedan en evidencia los retrógrados y excluyentes proyectos nacionalistas.
   Si Europa es capaz de armonizar sus sistemas judiciales para que un peligroso delincuente que ha huido a otro Estado de la UE sea detenido y entregado en menos de seis meses a la justicia del país donde perpetró el delito, se entiende que levantar nuevas «excepciones» y «ámbitos propios de decisión» no sólo va contra la voluntad general de los españoles expresada en la Constitución, sino contra los mismos intereses de la UE. El rechazo es aún mayor cuando los planes separatistas se plantean, como es el caso del de Ibarreche, «quebrando las más elementales reglas del Estado de Derecho», que es, sin ir más lejos, lo que se hace desde el tripartito vasco al negarse a obedecer las resoluciones de los tribunales o planteando medidas para las que carece de legitimidad y competencias.
   Europa, y así se demostró ayer en la declaración del «protocolo de Toledo», camina hacia la unidad y la modernidad, al hacer frente al fenómeno de la globalización del crimen, que reclamaba una respuesta igualmente global. La «euroorden», vieja aspiración del Gobierno español, responde a una demanda ciudadana en toda Europa y sustituirá a los complejos y lentos procesos de extradición vigentes, que son aprovechados con ventaja por terroristas y gentes del crimen organizado. Avances como el de ayer en Toledo sirven para demostrar a todos los europeos que el futuro está en la unidad y no en la disgregación, y que, al margen de criris y de palabras más o menos grandilocuentes, la UE se revela como una realidad cada vez más sólida.