EL DIARIO VASCO (13 de septiembre de 2002)

Garzón insta al Gobierno Vasco a que prohíba la manifestación de Bilbao

El juez sostiene que es ETA «la que está, a través de varios responsables», en la convocatoria de la movilización. Los promotores de la marcha mantienen la convocatoria y dicen que será «de las más importantes de los últimos años»

AGENCIAS./MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunicó ayer al Gobierno Vasco que es ETA-Ekin «la que está, a través de varios responsables, en la convocatoria y preparación de la manifestación» de mañana en Bilbao. Asimismo, el magistrado insta al gabinete de Ibarretxe a que adopte, en el ámbito de sus competencias, las medidas oportunas para «prevenir la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes».

La Unidad Central de Inteligencia de la Policía (UCI) comunicó al juzgado de Garzón que los «peticionarios» de la manifestación convocada bajo el lema Gora Euskal Herria son Ana Rosa Sisniega y José Manuel García Ruiz, «ambos vinculados al proyecto de ETA-Ekin-Joxemi Zumalabe (...) de desobediencia civil» que se investiga en el sumario 18/98.

El informe policial añade que «como portavoces de esta iniciativa han comparecido en rueda de prensa en Bilbao Javier Cruz Amuriza y Amparo Lasheras, promotores el primero del partido político Euskal Herritarrok (EH) e integrante la segunda de la comisión dinamizadora del proceso Batasuna, que produjo el tránsito desde Herri Batasuna- Euskal Herritarrok hacia Batasuna».

Para el juez, estos datos acreditan «que no se trata de una manifestación para discrepar o criticar de las resoluciones judiciales, ni para protestar por la falta de libertad de expresión, reunión y manifestación, o con cualquier actividad lícita, sino que se trata de una clara actividad orgánica de la organización terrorista, a través o con la cobertura de otras personas físicas aquiescentes vinculadas a la propia estructura investigada».

Presencia de Otegi

La marcha, a la que había anunciado su asistencia el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, había sido convocada con el objeto de protestar «contra el recorte de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de manifestación» tras el auto en el que Garzón decretó la suspensión cautelar de actividades de la coalición por un periodo de tres años.

A la vista de las conclusiones del informe policial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer a Garzón que dictara una resolución que declarara la ilicitud de la convocatoria de la manifestación, al estimar que las personas convocantes «aparecen directamente vinculadas a los partidos políticos cuya actividad se ha suspendido por auto de fecha de 26 de agosto de 2002».

Para el ministerio público, «la manifestación entra dentro del ámbito de limitaciones establecidas en la citada disposición, al tratarse de un acto organizativo propio de HB-EH-Batasuna organizado a través de personas interpuestas».

El escrito de la Fiscalía añadía que las personas «inductoras y promotoras» del acto público «se encuentran vinculadas a Ekin», y señalaba que ésta está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE y que sus actividades fueron suspendidas por Garzón en abril del año pasado.

Por su parte, los promotores de la marcha consideraron que dado que «de momento» no ha habido «ningún pronunciamiento en contra» por parte del Departamento de Interior, la manifestación «está autorizada» y se mantiene. Convencidos de que la convocatoria será «histórica, una de las más importantes de los últimos diez años», hicieron un llamamiento a la movilización contra «el estado de excepción encubierto» .

500 adhesiones

En nombre de los impulsores, Xabier Amuriza y Amparo Lasheras expresaron su satisfacción por las más de 500 adhesiones recibidas. Entre ellas están los actores Xabier Elorriaga y Patxi Bisquert, y el escultor Néstor Basterretxea. En su intervención, afirmaron que la Ley de Partidos y los autos de Garzón obligan a salir a la calle para «defender derechos fundamentales», entre los que citaron el de expresión, manifestación, reunión y derechos que corresponden a los vascos «como pueblo» y que «nos arrebatan». «Son derechos que son inherentes a la libertad individual y colectiva de personas, de los pueblos y de las sociedades y nadie nos puede arrebatar ni con leyes ni por decretos ni por nada», señalaron.

Aniversario de Lizarra

El secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, opinó en San Sebastián que «el marco autonómico es una cárcel» para el pueblo vasco y abogó por «plantear una ofensiva política de gran calado» basado en el «respeto a la decisión de los ciudadanos».

Díez Usabiaga participó, junto a varias decenas de delegados del sindicato LAB, en una manifestación convocada en la capital guipuzcoana con motivo del cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de Lizarra, cuyo contenido reivindicó el líder de esta central, que celebró también concentraciones en Bilbao, Vitoria y Pamplona.

 

EL DIARIO VASCO (14 de septiembre de 2002)

Cartas

Aclaración

Xabier Elorriaga/(DNI.: 15.255.815)

Ayer, 13 de Septiembre, publicaron mi nombre entre las personas que se adherían a la manifestación de hoy en Bilbao, bajo el lema «Gora Euskal Herria!». Quiero hacer constar que yo no he firmado ningún manifiesto, no he sido consultado, ni he recibido petición alguna para utilizar mi nombre en apoyo de la misma.

Xabier Elorriaga (D.N.I.: 15.255.815)

 

EL DIARIO VASCO (15 de septiembre de 2002)

La Ertzaintza cargó contra los manifestantes de Bilbao después de media hora de recorrido

Veinte heridos y cuatro detenidos tras los incidentes. Interior dice que en ningún momento permitió el acto

O. B. DE OTALORA/L. LORENZO/DV. BILBAO

La Ertzaintza cargó ayer con contundencia contra las decenas de miles de personas que se manifestaron en Bilbao bajo el lema 'Gora Euskal Herria', media hora después de que la movilización se hubiera iniciado y cuando había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto.

A consecuencia de la intervención policial una veintena de personas resultaron heridas y la Policía vasca detuvo a cuatro manifestantes. La actuación de la Policía autónoma, que desplegó un contingente de más de doscientos agentes , dos camiones con mangueras y dos helicópteros, impidió que se completase la marcha, que se disolvió después de que los organizadores celebrasen un acto político.

La manifestación se inició a las seis menos veinte de la tarde en la plaza Aita Donosti. En ese momento miles de personas ya habían ocupado gran parte del trayecto hasta El Arenal, donde debía celebrarse el mitin final. A mitad de camino, en la plaza Zabalburu, la Ertzaintza había situado un fuerte dispositivo en el que decenas de agentes antidisturbios cortaban la calle.

El Departamento de Interior no había anunciado oficialmente que la marcha estuviera prohibida, aunque durante la mañana había hecho público un comunicado en el que recordaba que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón consideraba que la convocatoria era delictiva. «La Ertzaintza deberá adoptar las medidas necesarias para evitar su celebración», advertían.

La movilización fue avanzando en un silencio sólo roto por gritos a favor de la independencia y aplausos dirigidos a la cabecera de la manifestación, presidida por una ikurriña de gran tamaño. Detrás de la bandera se encontrabanlos principales dirigentes de Batasuna, así como el secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, el miembro de Aralar Julen Madariaga y los convocantes del acto Xabier Amuriza y Amparo Lasheras.

Tras media hora de recorrido, la cabecera se topó el cordón de la Ertzaintza, reforzado por un camión preparado para lanzar agua a presión. La parlamentaria Jone Goirizelaia, así como los abogados Kepa Landa, Iñaki Goyoaga y Arantza Zulueta se acercaron entonces a hablar con los mandos que dirigían la intervención policial, quienes les comunicaron que el acto era ilegal. De manera simultánea, tres simpatizantes radicales se desnudaron y se colocaron frente a los agentes. Los manifestantes comenzaron a corear la consigna «PNV Español».

En ese instante la Ertzaintza realizó una carga con material antidisturbios contra las personas que se encontraban en primera fila.

Según la versión oficial del Departamento de Interior, la intervención se produjo después de que los manifestantes hubieran lanzado piedras contra los ertzainas. En esta acción se registraron los primeros heridos y se vivieron momentos de pánico. Al mismo tiempo, la camioneta comenzó a lanzar agua contra los asistentes.

Los lanzamientos de pelotas y las carreras continuaron en la primera línea de la marcha, aunque decenas de manifestantes, entre ellas miembros de la suspendida mesa nacional, se sentaron en el suelo frente a los agentes.

En estas cargas 19 personas resultaron heridas -entre ellas cuatro periodistas-, y tuvieron que ser trasladas al hospital de Basurto, donde fueron dadas de alta, según Osakidetza. En las calles perpendiculares los radicales comenzaron a quemar contenedores.

Conversación

Mientras tanto, Jone Goirizelaia y la abogada Arantza Zulueta hablaban con los agentes que controlaban el dispositivo policial. Cuando los ertzainas les comunicaron que debían despejar la zona, las letradas radicales respondieron que era imposible disolver a las decenas de miles de personas que llenaban la calle y pidieron hablar por teléfono móvil con sus superiores.

Tras la conversación, las abogadas anunciaron a los medios de comunicación que se había alcanzado un acuerdo para disolver la manifestación de manera pacífica a las siete de la tarde, después de que se celebrara un acto político frente al cordón policial. Interior negó ayer que existiera «ningún tipo de negociación».

A la hora anunciada, los convocantes utilizaron megáfonos para dirigirse a los manifestantes y, posteriormente, Arnaldo Otegi, pidió a los manifestantes que se disolvieron, al tiempo que mostraba una pelota antidisturbios con la frase: «Otegi.
H.P. Pum».

Tras el mitin, las calles comenzaron a despejarse lentamente, aunque todavía se registraron cargas aisladas en las que una persona fue detenida.

El Departamento de Interior anunció ayer que remitirá al juez Garzón el informe escrito sobre la marcha. Según la consejería, la manifestación no estuvo permitida en ningún momento.

Según los portavoces oficiales, si se actuó media horas después de inicio del acto fue «por razones operativas, ya que la plaza Zabalburu, a quinientos metros de la salida, era el sitio más oportuno para controlar el dispositivo con todas las garantías».