DIARIO LA RAZÓN (10 de febrero de 2004)

Estrasburgo tumba el recurso de Ibarreche contra la ley que deslegalizó a Batasuna

Da la razón al Gobierno y dice que Vitoria no tenía legitimidad para presentar la demanda

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos «tumbó» ayer el recurso que presentó el Gobierno vasco contra la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que fue la que se aplicó para deslegalizar Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, decisión que ha sido incluso avalada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo ni siquiera entra a valorar el fondo de la demanda que el Ejecutivo de Ibarreche presentó el pasado mes de septiembre, ya que la rechaza de plano al sostener que no tenía legitimidad para ello.

F. Velasco - Madrid.-
La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido adoptada por unanimidad de todos sus magistrados, quienes consideran que el Gobierno vasco no tenía ni siquiera legitimidad para interponer esa demanda. De esta forma, se avala la Ley, aprobada por el Parlamento el 22 de junio de 2000, que permitió deslegalizar a Batasuna y cuya legalidad fue refrendada posteriormente por el Tribunal Constitucional.
   La decisión del Tribunal Europeo se basa en el artículo 34 del Convenio de Derechos Humanos, donde se establece que sólo las personas particulares, organizaciones no gubernamentales o grupos de personas que hayan sido víctimas de las vulneraciones de derechos tienen legitimación para acudir al citado Tribunal.
   En este sentido, se destaca que el Gobierno vasco debe considerarse una «Organización Gubernamental», ya que, según se establece en el citado precepto del Convenio Europeo, tienen esa consideración no sólo los órganos centrales del Estado, «sino también las Autoridades descentralizadas que ejercen funciones públicas, cualquiera que sea su grado de autonomía en relación a los citados órganos».
   De esta forma, los magistrados no entran a valorar el fondo de la demanda y, por tanto, no han analizado los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Ibarreche en su demanda.
   Con esta resolución del TEDH, de poco más de tres folios, la Ley de Partidos Políticos, cuya iniciativa partió del ministro de Justicia, José María Michavila, pasa todos los «filtros» de legalidad.
   La demanda fue interpuesta por el Ejecutivo de Ibarreche el pasado 9 de septiembre y en ella sostenía que la citada Ley vulneraban los artículos 6, 7 y 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos. Así, se denunciaba que la ley «crea una vía sui generis para la ilegalización que toma en consideración, junto a conductas relevantes para el Código Penal, otras inocuas para crear una amalgama de difícil comprensión».
   «La disolución de un partido político por el solo hecho de compartir postulados con una organización terrorista se encuentra amparada por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos», sostenía la demanda del Gobierno de Ibarreche.

Respaldo a la Ley

En esta misma línea, se argumentaba en la demanda que el objetivo de la Ley de Partidos Políticos tenía como objetivo «expulsar del sistema» a un partido político, Batasuna, «contra el que no se habían logrado reunir elementos probatorios suficientes de su vinculación o connivencia con ETA para disolverlo plenamente».
   Por ello, se reclamaba al tribunal europeo que ordenara a las instituciones españolas la reforma de la ley y que se declarara que la sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se desestimaba el primer recurso del Gobierno de Ibarreche, se dictó con infracción del derecho a un tribunal imparcial.
   Además, sostenía la demanda que la Ley de Partidos Políticos vulneraba el principio de legalidad penal, al introducir en la valoración del tribunal sentenciador actividades y conductas anteriores a su entrada en vigor.
   Por contra, el ministerio de Justicia siempre defendió la legalidad de la Ley y rechazó desde el principio los argumentos esgrimidos en la demanda. El TEDH, a los tres meses de recibir la demanda, ha rechazado de plano las pretensiones de los nacionalistas vascos y, en concreto, del Gobierno de Ibarreche.