La Guardia Civil, bajo la dirección del juez Baltasar Garzón, ha registrado los domicilios de dos empresarios vascos, presuntamente involucrados en el pago de distintas cantidades de dinero a los terroristas de ETA.

Todo apunta a que estos dos empresarios forman parte de la larga lista de extorsionados que acaban sucumbiendo a las amenazas de muerte de ETA y optan por negociar con los terroristas las cantidades que deben pagar para salvaguardar su seguridad, la de sus familias y la de sus negocios, y de este modo quedarse tranquilos.

Los empresarios supuestamente vinculados a la financiación del terrorismo de ETA, mediante pagos puntuales o sistemáticos, cuyos domicilios han sido registrados por la Guardia Civil, son José Antonio Jainaga Gómez, ex consejero delegado de Sidenor, y Jesús Guibert Azkue, conocido empresario vasco domiciliado en San Sebastián. Es de reseñar que Jesús Guibert, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucin S.A., fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 y liberado catorce días más tarde, al parecer después de pagar a los terroristas 150 millones de pesetas.

Los indicios que podrían demostrar la implicación de estos dos empresarios en la financiación de ETA, se consiguieron a raíz de la última desarticulación de la cúpula etarra en Burdeos (Francia) el pasado 21 de mayo, cuando la Guardia Civil y la Gendarmería francesa detuvieron al máximo dirigente de la banda, Javier López Peña, alias "Thierry", junto a otros tres importantes miembros de ETA, y les intervinieron distinta documentación, así como ordenadores con gran cantidad de archivos informáticos encriptados que contenían valiosa información sobre las actividades de la banda terrorista ETA.

Aparte de estos dos empresarios, el pasado 10 de junio también fueron detenidas dos hermanas, igualmente empresarias, aunque en esta ocasión al parecer quedó probado que los pagos que habían hecho a ETA, los realizaron de forma voluntaria y sin mediar amenazas. Estas dos hermanas son María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, y fueron detenidas en la localidad de Orio (Guipúzcoa).

En el registro realizado a "Thierry" en Burdeos, la Guardia Civil intervino la copia de una carta de ETA enviada a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa, agradeciéndoles su aportación "para financiar la libertad de Euskal Herria", y animándoles para que siguiesen realizando pagos a la banda terrorista.

No sé si casualmente o no, pero lo cierto es que María Isabel se presentó a las elecciones municipales de 1999 en las listas de Euskal Herritarrok, que es uno de los partidos políticos de ETA, lo cual parece no dejar dudas sobre su presunta actitud de colaboración con los asesinos.

Se ha discutido mucho sobre esta forma de colaborar con ETA, y, cuando se trata de extorsiones amenazantes, hay quien justifica el que extorsionado le ponga en bandeja a los terroristas la muerte de una persona inocente para, de ese modo, salvar su vida, pero la verdad es que yo difiero bastante de los que piensan de ese modo.

Hay que partir de la base que cualquier cantidad de dinero que se le dé a ETA, del modo que sea, siempre acabará sirviendo para comprar, por ejemplo, las balas que mataron al ex concejal socialista, Isaías Carrasco Miguel, o los explosivos que se llevaron la vida de los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Y me parece muy consecuente que individuas como las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, entreguen gustosas a ETA ese dinero para que se asesine a cualquiera que difiera del nacionalismo vasco, pero lo que no acabo de entender es que personas que -supongo- no son partidarias de ir matando por ahí a todo aquel que no piense en clave nacionalista, sin embargo acaben entregando importantes cantidades de dinero a ETA que, sin duda alguna, servirán para que los terroristas puedan seguir asesinando a sangre fría a decenas de inocentes.

Que no se equivoquen los que justifican a los empresarios que ceden a la extorsión, y que no piensen que están mostrando la más mínima humanidad al entender sus dramáticas razones. Los que justifican a los empresarios que pagan a ETA deben saber que en realidad están justificando algo tan bajo, tan vil y tan despreciable como consentir -muy conscientemente- que otros mueran en su lugar. Es como quitarle el salvavidas a otro para ponértelo tú cuando el barco se está hundiendo, que es justo lo contrario del supremo sacrificio de dar la vida por otra persona. La diferencia entre el empresario que paga a ETA y el que arriesga su vida para salvar la de otro, es la diferencia que hay entre el cobarde y el valiente, es la diferencia que hay entre el hijo de puta y el héroe.

El Gobierno de Ibarretxe va a obligar a los comerciantes que hablen euskera

ETA cumple con su parte consiguiendo dinero a base de extorsionar a pobres-ricos cobardes para, con ese dinero, poder seguir matando a los disidentes, y, paralelamente a la actividad nacionalista de ETA, también "trabajan duro" los otros, los de la americana y la corbata, los de las grandes ikurriñas de seda, esos politicastros que, cínicamente, se autodenominan a bombo y platillo "nacionalistas democráticos".

Estos individuos -a mi entender tanto o más despreciables que los primeros- utilizan su poder para ejercer un fascismo al que, por desgracia, nos hemos acostumbrado tanto que ya vemos totalmente normal.

Por un lado está el fascismo de las armas y del terror que ejerce ETA contra los que no quieren ser nacionalistas, y por otro los partidos nacionalistas, supuestamente "democráticos", creando leyes fascistoides; y lo cierto es que de ese modo entre ambos han logrado formar un perfecto tandem para -juntitos-, y a base de despreciables técnicas de lavado de cerebro sobre la sociedad vasca, conseguir el sueño fascista y racista que siempre persiguió su fundador Sabino Arana.

En esta ocasión el Gobierno vasco ha forzado un poco más su habitual actitud intervencionista sobre la libertad de los ciudadanos, y ha redactado un Decreto para obligar por cojones a que en los comercios del País Vasco se hable euskera.

Mal está que en un país donde hay un idioma común, se obligue a los funcionarios a hablar otro idioma, aunque también sea oficial, pero es el colmo de los colmos que un Gobierno obligue a los particulares a hablar en un determinado idioma en su propia casa.

Las personas que han vivido en países libres, siempre han podido hablar en el idioma que les ha dado la gana en su casa, en la calle o en cualquier comercio, y, por supuesto,  ningún Gobierno democrático se ha inmiscuido nunca en el modo de comunicarse de sus ciudadanos. Los idiomas oficiales del País Vasco son el español y el euskera (por ese orden), y el hecho de que sean "oficiales" no significa en absoluto que sea obligatorio utilizar ninguno de los dos en los comercios. Cada comerciante puede usar el idioma que le venga en gana porque está en su casa, y es problema suyo -y sólo le afectará a él- si no es capaz de entenderse con un cliente.

Sólo sería concebible en algunos países dictatoriales y tercermundistas el obligar a los comerciantes a atender a los clientes o a poner el nombre de su comercio en un determinado idioma. Pero, sin embargo, está ocurriendo en España, concretamente en el País Vasco y en Cataluña...

Si no fuese porque todo esto es dramáticamente fascista sería para reírse.